Gobierno Estatal se Prepara para el Canje de Placas en 2026

A partir de agosto, el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), iniciará el proceso de evaluación para el próximo canje de placas vehiculares que deberá realizarse en 2026, cumpliendo con las disposiciones emitidas por la federación a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Así lo dio a conocer Héctor Contreras Mercader, titular del SATQ en el estado, quien señaló que este análisis se extenderá entre agosto y septiembre, meses en los que se determinarán aspectos clave como la cantidad de láminas necesarias, tarjetas de circulación, proyecciones de presupuesto, y los pasos administrativos para licitar su producción.

Aunque el costo de las nuevas placas aún no ha sido definido, Contreras aclaró que este proceso deberá estar contemplado en la Ley de Ingresos del Estado, que será enviada al Congreso local para su revisión y aprobación correspondiente.

Actualmente, el padrón vehicular en la entidad asciende a unas 650 mil unidades, sin embargo, solo 433 mil han cumplido con su trámite de refrendo, situación que podría derivar en recargos si no se actualizan a tiempo. Por ello, el SATQ continuará impulsando su campaña de regularización durante lo que resta de 2025.

El funcionario recordó también que los propietarios que estén al día podrán acceder en 2026 a beneficios fiscales como el subsidio del 100% en el pago de tenencia, siempre que cumplan en tiempo y forma dentro del primer trimestre del año.

En el proceso anterior, realizado en 2023, los costos del canje fueron los siguientes:

• Automóviles, camionetas y autobuses: $1,400 + $130 por tarjeta de circulación.

• Motocicletas: $467 + $130.

• Remolques: $648 + $130.
  

Durante ese año, quienes realizaron el trámite entre enero y marzo obtuvieron como incentivo el subsidio completo en el pago de la tenencia, así como la inclusión de un seguro vehicular.

El proceso de planeación y licitación se desarrollará sin propuestas externas, subrayó Contreras, pues se trata de una medida coordinada directamente con las autoridades federales y ajustada a una normativa de aplicación nacional.